La normativa nacional establece que una vez determinado un daño ambiental, el Ministerio de Ambiente debe exigir al responsable un Plan de Reparación Integral. Este consiste en un conjunto de acciones que tiene como objetivo de revertir daños y pasivos ambientales, según el artículo 813 del Reglamento al Código Orgánico de Ambiente. Pero, ¿qué ha sucedido en el caso del derrame de los 15.000 barriles de crudo y combustibles en los ríos Napo y Coca, de abril pasado?
Plan V tuvo acceso a documentos entre las autoridades ambientales y las operadoras petroleras que dejan en un campo incierto aquel plan frente a uno de los peores desastres ambientales de los últimos 15 años, en palabras de las organizaciones sociales y ambientalistas que han demandado al Estado ecuatoriano por una reparación efectiva.
¿Qué dicen estos documentos? Son comunicaciones entre la empresa petrolera OCP y Ambiente sobre cómo se harán los trabajos de remediación en las zonas de impacto. El primer oficio es del 17 de abril pasado, a 10 días del derrame. En ese documento, Ambiente dice a OCP que su Plan Emergente no cumple con los requerimientos solicitados por esa cartera de Estado y exige a la petrolera levantamiento de información, evaluación de la flora y fauna afectada, puntos permanentes de monitoreo de los ríos impactados y monitoreos permanentes hasta por cuatro años. “El primer monitoreo biótico en el área afectada se deberá llevar a cabo una vez concluidas las actividades de remediación, posterior al mismo se deben efectuar por cuatro años seguidos estos monitoreos, con una frecuencia semestral”, dice el oficio. Este monitoreo consiste en evaluar el estado de conservación de anfibios, reptiles, mamíferos, aves, peces y macroinvertebrados acuáticos. Aquel monitoreo debía tener como línea base la última evaluación que se haya efectuado en cumplimiento a los Planes de Manejo Ambiental por parte de OCP.
Además, Ambiente pedía a la operadora petrolera “establecer puntos de monitoreo de preferencia en los bosques protectores y áreas protegidas, así como en áreas de influencia del derrame”.
El 22 de abril, OCP contesta a Ambiente y le dice que aquellos puntos no son parte de un Plan Emergente sino de un Plan de Reparación Integral, como lo establece la normativa ambiental. En esa misiva, OCP anunció que este último plan lo presentaría el 15 de mayo y contendría el diagnóstico socio ambiental de las áreas afectadas, la evaluación de daños a los recursos naturales y las afectaciones a las comunidades e individuos. Esto no ocurrió porque en una reunión se tomaron otras decisiones.
Un día después, el 23 de abril, hubo una cita por videoconferencia entre funcionarios de la Dirección Nacional de Control Ambiental y representantes de OCP. En esta reunión, los funcionarios del MAE expusieron los criterios y argumentos legales para la no preparación de un Programa de Reparación Integral, relata un comunicado de OCP al MAE. Agrega que el objetivo de ese solicitud del Ambiente fue “complementar” el alcance del Plan Emergente presentado por la empresa petrolera e incluir “las acciones de remediación, restauración, compensación, indemnización; el seguimiento y la evaluación”.
De esta manera, el 24 de abril pasado, OCP entregó su Plan Emergente tras la reunión con el MAE. En esa versión del documento, sin embargo, no se recogen algunas de las observaciones que Ambiente hizo el 17 de abril. El plan contiene 8 capítulos. Uno de ellos se refiere al diagnóstico socio ambiental de las áreas afectadas y en este acápite está el monitoreo biótico que solicitó el Ministerio. En su plan, OCP propuso realizar una línea base sobre “las condiciones actuales por el efecto del derrame”. Y después de ello harán una propuesta de monitoreo biótico y la frecuencia del mismo. Pero Ambiente, en su comunicado inicial, dispuso “tomar como referencia la línea base del último monitoreo biótico que se haya efectuado en cumplimiento a los Planes de Manejo Ambiental”.
En otro capítulo del plan se aborda los trabajos de remediación y restauración del suelo contaminado, el desbroce de la vegetación contaminada, el tratamiento del material pétreo, entre otras tareas. En un principio se estimó que las labores de las empresas encargadas de la remediación terminaría el 31 de julio pasado, pero se ha extendido hasta septiembre. Una vez culminadas estas tareas empezará el monitoreo y seguimiento de los impactos, que sí acoge la observación de realizarlos durante 4 años, pero no hay más detalles al respecto y los directivos de OCP han propuesto un seguimiento de seis meses (ver el siguiente apartado).
Pero fuera de esas referencias, los temas relacionados con el medio ambiente se desvanecen con la venia de Ambiente. Fue ese mismo Ministerio el que pidió inicialmente estudios detallados en el campo forestal y las afectaciones en el bosque por el derrame petrolero, así como las futuras actividades de revegetación y reforestación como medida correctiva. Solicitó puntos de monitoreo permanentes en los cuerpos hídricos (Ríos Napo y Coca) afectados por el derrame, con la finalidad de que la contaminación no avance hacia el interior de las áreas protegidas, cuando se produzca una crecida de estos ríos y requirió análisis estadísticos y ecológicos detallados. Estos aspectos quedaron fuera.
Seis meses más de monitoreo, ¿y no 4 años?
En una entrevista con Plan V, Santiago Sarasti, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa, dijo que presentaron el Plan Emergente y confirmó que en este se incluyen las medidas de reparación y que así fue aprobado por MAE. “Sin embargo, nosotros justamente previendo las afectaciones que pudieran haber sucedido incluimos también todas las medidas de reparación integral que corresponden en estos casos, básicamente estamos hablando de la limpieza y remediación que corresponde a todos los factores ambientales involucrados y también las medidas de compensación e indemnización a las poblaciones afectadas”.
Sarasti dijo que la línea base se hizo con la autoridad ambiental para identificar los puntos de contaminación y además recorrieron por vía aérea, fluvial y en helicóptero para hacer otro levantamiento de información. En total se identificaron 218 puntos contaminados, que según Sarasti ya fueron limpiados y remediados. Al 14 de septiembre pasado, día en que se realizó la entrevista con el representante de OCP, dijo que estaban en una segunda fase que consiste en la revisión de las orillas del río de algún remanente de contaminación. Esa tarea tenía un avance del 96% y las petroleras tenía previsto culimarla la semana pasada.
Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP, dijo en la misma entrevista que la siguiente etapa es la entrega de áreas, que consiste en un muestreo y verificación de daños junto con la autoridad ambiental y la comunidad. “Si todos los parámetros (de las muestras) dan dentro de lo que establece la norma, el Ministerio de Ambiente debería proceder a aprobar el proceso de remediación. Desde el punto de vista social, estamos haciendo un proceso de atención de reclamos y pedidos de inmediación de personas puntuales”, afirmó.
Sarasti confirmó que el Plan Emergente contempla un “periodo de seguimiento posterior de las condiciones del río respecto al evento”. Según él, quien queda a cargo de la decisión final es Ambiente. “Sin embargo, nosotros estamos haciendo una propuesta de hacer un monitoreo adicional durante seis meses”, manifestó. Aunque el Plan Emergencia menciona un monitoreo de 4 años. Mendizábal agregó que su compromiso es dejar las áreas remediadas. “Y si eso nos lleva un mes más o dos meses más, estaremos un mes más o dos meses más. No vamos a salir hasta que esté limpio”.
Plan V intentó por varias ocasiones, a través del departamento de Comunicación de Ambiente, obtener una entrevista con el ministro de esa cartera, Paulo Proaño, sobre el cambio de posición repentina de sus funcionarios respecto a la reparación integral posterior al derrame. Pero no hubo respuesta. También esta redacción solicitó una entrevista con el gerente de Petroecuador, Ricardo Merino. Al respecto se recibió la siguiente contestación: “El Gerente General de EP Petroecuador me pidió que le emita las respectivas disculpas del caso, pero no va a atender entrevistas de este tema”.
Aún sin un pronunciamiento oficial, la reparación y el seguimiento a los efectos del derrame quedan en incertidumbre. Ambientalistas han referido que este tipo de derrames no puede ser solucionados en tan poco tiempo. Por ejemplo, la limpieza y reparación del río Kalamazoo, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, duró cuatro años. La compañía canadiense de oleoductos Enbridge fue la responsable de los trabajos después de que 18.000 barriles de petróleo cayeran al río. Fue considerado el peor derrame petrolero en Estados Unidos.
Mendizábal, de OCP, aseguró que han actuado con la oportunidad que la situación les permitió. “Este fenómeno de la erosión regresiva (que provocó las rupturas de las tuberías de los oleoductos), de lo que sabemos es la primera vez que se ve en el país y es algo para lo cual ninguna de las infraestructuras que estamos en esa zona estaba preparado. Sabemos que el río es el sustento de todas estas comunidades y sabemos que se ha causado una molestia muy grande, una serie de problemas, pero creemos que hemos actuado de la mejor manera que hemos podido, bajo las circunstancias y las limitaciones que hemos tenido”.
Comunidades denuncian bloqueos al ingreso a Quito
La mañana de este martes, 29 de septiembre, las comunidades afectadas por el derrame denunciaron que sufrieron bloqueos para ingresar a la capital. Llegaron para protestar frente al Consejo de la Judicatura porque aún no reciben la sentencia por escrito de la acción de protección que les fue negada. Las comunidades demandaron al Estado por el derrame, pero el juez Jaime Oña rechazó su solicitud a inicios de septiembre.
Ha pasado casi un mes y la sentencia aún no ha sido enviada a las partes para que puedan hacer uso a su derecho de apelación. Pero la protesta sufrió un retraso porque, según informaron, fueron retenidos por la Policía. “Rechazamos la actitud de la policía, hemos venido en una actitud pacífica, somos kichwas de Orellana, continuaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo Carlos Jipa, uno de los representantes de los demandantes. Finalmente pasaron. Con tambores y ramas manchadas de petróleo se instalaron frente a la Judicatura para reclamar celeridad en la justicia. Entregaron un oficio a la Judicatura frente a la falta de tutela efectiva del caso, afirmaron. Las comunas han anunciado que harán su propio monitoreo ambiental, porque han registrado afectaciones en la piel, dolores de cabeza, diarrea en sus habitantes.
Fuente: Plan V
Foto: Ivan Castaneira
