A partir de la elaboración del Informe Periódico Universal se pone de manifiesto las graves afectaciones sociales y ambientales causadas por extractivismos y otras formas de despojo en Bolivia.

El Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) participan en la elaboración del informe periódico universal (EPU) y junto a otras organizaciones logran la incorporación de información sobre las condiciones de despojo ambiental y la violación de los derechos humanos ante la ONU. En un trabajo conjunto con diversas organizaciones se ha logrado incidir ante la ONU para hacer conocer las condiciones de afectación ambiental de los proyectos extractivos en Bolivia.

“En este informe se recoge en 17 puntos focales en torno a los derechos al medio ambiente sano (incluyendo al agua, la alimentación, la salud); la consulta previa a los pueblos indígenas (y su derecho a ser informados sobre los impactos en sus medios de vida, sustento y medio ambiente); el derecho a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y respeto al derecho a defender derechos humanos (incluyendo la libertad de asociación, información y prensa)”.

En cuanto al tema del Desarrollo y al Medio Ambiente y los impactos de la minería se generaron:

Tres comunicaciones reportaron que el incremento de las actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos y la realización de grandes obras infraestructurales, acompañados por medidas legislativas que restaban protección al medioambiente, habían causado varios casos de grave contaminación del medioambiente y de violación de los derechos al agua y la alimentación (Art. 23).

Este es un gran logro para las defensoras de la Madre Tierra que se encuentran movilizadas contra el despojo minero. También se logró reportar y visibilizar otras formas de afectación por ampliación de la frontera agrícola.

La comunicación conjunta observó que la ampliación de la frontera agrícola, promovida por el Estado, ponía en riesgo los territorios y los medios de vida de las familias indígenas y alimentaba la deforestación y la destrucción de los ecosistemas (Art. 25).

Finalmente, se puntualizó que existe una fuerte vulneración al derecho a la Consulta, libre, previa e informada, incluyendo recomendaciones para el Estado boliviano, para revisar la normativa minera e hidrocarburífera.

Varias comunicaciones observaron que, a pesar del reconocimiento constitucional del derecho a la consulta, una serie de normas relativas a actividades de extracción y utilización de recursos naturales o realización de obras de infraestructura (carreteras y represas) habían introducido excepciones o limitaciones procedimentales que violaban este derecho. Recomendaron que el Estado Plurinacional de Bolivia derogara esta normativa, ajustara el marco jurídico sectorial minero e hidrocarburífero al Convenio núm. 169 de la OIT y estableciera medidas de reparación integral para las comunidades indígenas afectadas por el incumplimiento del derecho a la consulta (Art.85).

Celebramos este esfuerzo colectivo e instamos al Estado boliviano a asumir las recomendaciones y la información elaborada por mujeres y hombres que están en la defensa de la vida y de la naturaleza desde una construcción comunitaria.