Este 10 de octubre de 2020 se celebra el XVIII Día Mundial de la Abolición de la Pena de Muerte en todo el mundo.

Este año está dedicado al derecho a la representación legal de las personas que pudieran ser condenadas a muerte ya que sin acceso a una representación legal efectiva durante el arresto, la detención, el juicio y después del juicio, no se pueden garantizar las debidas garantías procesales. De hecho en un caso de pena capital, las consecuencias derivadas de la falta de representación legal efectiva pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte.
La Red Alas, América Latina Alternativa Social en nombre de las organizaciones que la integran, se suma al reclamo de las demás organizaciones internacionales que en todo el mundo luchan para la eliminación de la pena de muerte.

En nuestra región de América latina y Caribe a pesar de que la mayoría de los países son abolicionistas, hay un grupo de 15 países que en su ordenamiento legal mantienen la pena de muerte aunque no realizan ejecuciones desde el año 2008 y son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Guido, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam.

La Red Alas promueve una cultura de legalidad democrática y de justicia, en el marco del respeto de los derechos humanos previstos en los tratados y convenios internacionales tanto del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, cuanto del Sistema Interamericano.
Entre todos los instrumentos recordamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo n. 3 establece que “Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad”.
Le hacemos por lo tanto un llamado a todos los estados que aún no lo hayan hecho para que eliminen definitivamente la pena de muerte en sus ordenamientos jurídicos y conmuten la pena a los que ya han sido sentenciados a pena capital.

Finalmente deseamos llamar la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que se llevan prácticamente a acabo en todos los países de nuestra región y que representan de hecho una pena de muerte encubierta.

Se trata de prácticas violatorias de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que nuestras organizaciones seguirán denunciando en las instancias internacionales a las que tienen acceso.