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Pronunciamientos Nicaragua. Coordinadora Civil expresa preocupación por la ola de violencia en el país
13 Noviembre 2018
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ALAS – América Latina Alternativa Social – la red de antimafia social promovida por la
organización italiana Libera, adhiere al pronunciamento de la organización integrante
de Nicaragua, Coordinadora Civil, que denuncia la situación de crisis socio-política que
vive el país.

Desde el año 1998 hasta la fecha, Coordinadora Civil ha tenido un papel destacado en la sociedad nicaragüense, articulando esfuerzos y facilitando el desarrollo de capacidades para incidir políticamente en la construcción de una Nicaragua democrática, equitativa, solidaria, humana, desarrollada y sustentable. Como punto de encuentro de diversos enfoques temáticos, conceptuales e ideológicos que tiene presente experiencias acumuladas en distintas áreas del saber y del quehacer en una visión integral e integradora, ha elaborado planteamientos críticos, consistentes, constructivos y consensuados, para construir una visión integral de la realidad nacional y de las respuestas que se requieren.

Su quehacer actual está enfocado principalmente en el fortalecer los procesos de organización, formación de pensamiento crítico con las redes territoriales y sectoriales. El contexto actual nos encamina a fortalecer las alianzas, para lo cual decidimos ser parte de la Articulación de Movimientos Sociales y ONG, integramos la Unidad Nacional Azul y Blanco, en función de aportar al análisis, debate y la búsqueda de una salida pacífica a través de todos los medios cívicos y legales.

Así mismo estamos trabajando en temas tales como: Ambiente Habilitante que promueve el derecho que tienen las organizaciones de trabajar sustentada en los compromisos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Principios de Estambul y el Documento Final de Nairobi, donde se reconoce el papel de las Organizaciones de Sociedad Civil como agentes de desarrollo.

Coordinadora Civil no puede dejar de manifestar la profunda preocupación por el acoso y amenaza del gobierno a las organizaciones de la Sociedad Civil, la cual es sumamente crítica y grave, afectando esto a varias de nuestras organizaciones e integrantes en su calidad personal. Quienes por dedicarse a la defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, un derecho fundamental para la democracia y que está profundamente ligada con los derechos de asociación y los derechos de reuniones pacíficas y al control social del poder público, al empoderamiento de los sectores sociales marginados, a la construcción de ciudadanía y formación de cultura democrática, a quienes se acusa de patrocinar el terrorismo y de ser instrumentos de la política exterior de los Estados Unidos.

Desde el 18 de abril del 2018 a la fecha Nicaragua a vivido un ola de violencia como nunca en la historia, todo comenzó con la quema de la Reserva de Biosfera Indio Maíz, localizado en la parte donde se construiría el Canal Interoceánico a la fecha existe una Ley 840 y que esta no ha sido derogada un proyecto no viable para el pueblo de Nicaragua, luego pasó la reforma al Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), que quitabas beneficios a los jubilados, el gobierno reprime a los estudiantes universitarios que salen acompañar a la manifestación pacífica que habían comenzado los jubilados.

En el mes de Abril se abre una nueva pagina en la historia de Nicaragua lo cual dio inicio a un  estallido político social, durante el cual el régimen ha asesinado  a más de 500 personas siendo en su mayoría jóvenes, más de 500 presos políticos y más 200 jóvenes desaparecidos, el gobierno de Nicaragua cumple con todas las características de una dictadura, el ambiente habilitante para las Organizaciones de Sociedad Civil no existe, hay acoso, persecución y censura tanto para los medios de comunicación como para los defensores de derechos humanos.

De acuerdo con centenares de testimonios, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales, uso desproporcionado de la fuerza uso de francotiradores, estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales. En el ámbito del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y en hospitales públicos, la CIDH identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes.

Los testimonios recibidos hacen concluir a la Comisión que estudiantes, personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. La especial vulnerabilidad de estos grupos exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.

La CIDH también tuvo conocimiento que la Asociación Médica Nicaragüense condenó, a través de un comunicado que varios hospitales de Nicaragua habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril pasado. En particular se recibió denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud.

La CIDH, hizo 15 recomendación al estado de Nicaragua en relación a los hechos de violencia que se viven desde el 18 de abril de 2018, como: Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas; Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población: Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables; Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.

Ninguna de las 15 recomendaciones a la fecha han sido garantizadas y respetadas por el régimen Ortega-Murillo.

12 Noviembre 2018

Fuente: Coordinadora Civil

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