Gracias al trabajo de Libera la experiencia italiana de la confiscación de bienes exportada en América Latina.
Art 47 B 3 Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas.
La “revolución” en la lucha a la delincuencia organizada inicia desde Ciudad México. En enero de 2016 la capital se convirtió en el Estado 32 de la nación y tuvo que dotarse de una Constitución, que entró en vigor en septiembre de 2018. En ella, por primera vez en México y América Latina, se establece el principio de la restitución a la comunidad de los bienes incautados y decomisados a la delincuencia organizada, para favorecer la “reutilización social” de los mismos.
No es un asunto de relevancia menor por un país que representa uno de los epicentros mundiales del narcotráfico. Una plaga que los dos gobiernos que se han sucedido en los últimos 12 años, de distinto color político, eligieron enfrentar con una estrategia militar, atribuyendo al ejército y la marina funciones de policía y seguridad pública. Además que por el riesgo de violaciones los derechos humanos, esta estrategia se reveló ampliamente su ineficacia. La utilización de militares hizo crecer exponencialmente las violencias: en 2017 se alcanzó la escalofriante cantidad de 2,000 homicidios al mes. En 2018 las cifras son aún peores y será recordado como el año más violento en la historia mexicana. Sin embargo, la fuerza de los narcos no solo no disminuyó, si no que ha crecido: varios tramos de las instituciones – y le País entero – están en sus manos. Frente a esta tragedia, el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido una línea nueva, basada en las políticas sociales y la reintegración social de los “criminales menores”.
“Es el momento de cambiar camino y atacar el problema a la raíz: el desmantelamiento patrimonial de las redes político-criminales-empresariales. Es decir, pegarles a las mafias donde más le duele: en el bolsillo. Para derrotarlos es necesario quitarles los recursos con los cuales adquieren sus arsenales, corrompen los funcionarios, pagan sus ejércitos de sicarios”, explica Carlos Cruz, presidente de Cauce Ciudadano. Esta organización es uno de los pilares de la Red Retoño, referente mexicana de ALAS – América Latina Alternativa Social, la red antimafia latinoamericana promovida por Libera. Justo el ejemplo italiano mostró a Carlos Cruz - uno de los 66 constituyentes encargados de escribir la carta Fundamental del Estado de La Ciudad de México- la centralidad de la reutilización social de los bienes confiscados en la lucha a la delincuencia organizada. “En primer lugar está el aspecto económico. Las detenciones de los jefes – la historia reciente lo demuestra - de por si solas no son suficientes para derrotar a los narcos. Una vez capturado el jefe, el cartel no desaparece porque la organización cuenta con los recursos para seguir operando. Así que, la lucha se tiene que enfocar en ellos: sin recursos la delincuencia organizada no va a seguir adelante” afirma Cruz, con un pasado de pandillero y cuya organización se ocupa de prevención social y rescate de jóvenes de las redes de las mafias. Pero no es suficiente incautar y decomisar los bienes mafiosos, es fundamental asegurarse que los mismos no regresen a los criminales por “vías alternas”, mediante prestanombres. La forma más segura, vista la corrupción imperante, “es la devolución de estos bienes y recursos a la comunidad”. Además, existe un importante aspecto simbólico. Muchas veces los narcos les dan “migas” a la gente como regalía, para demostrar su poder. “El uso social – concluye Cruz – desvela el engaño, afirmando el derecho de todo el cuerpo social, afectado por la delincuencia organizada, de ser resarcido. Por dichas razones, los artículos incluidos en la Constitución de la Ciudad de México representan un cruce importante. El desafío ahora consiste en la recepción de tales principios en la legislación nacional de México y de los demás países de América Latina”.
También se exportó la idea de la “reutilización social”
La convicción de la urgencia de restituir a la sociedad lo que la delincuencia organizada le ha arrebatado, la maduró durante sus visitas en Puglia (región en el sur de Italia). En este lugar, en ocasión de sus encuentros con Libera, Carlos Cruz – presidente de Cauce Ciudadano, organización mexicana ligada a Libera y perteneciente a la red antimafia latinoamericana ALAS, vio jóvenes y adultos estudiar, jugar y trabajar en espacios y propiedades que hasta poco antes les pertenecían a los mafiosos. Así intuyó que esta es la vía principal para combatir la delincuencia organizada en su país: México.
“Como afirmado en la Convención de Palermo, el fin del crimen organizado son las ganancias. Encontrar la manera de blocarlas es imprescindible para vencer este combate. Sin embargo, no es suficiente incautar los bienes a las mafias, para venderlos o adjudicarlos mediante subastas. Tienen que regresar a la disposición de la sociedad”, comenta Giulia Baruzzo del sector internacional de Libera. Esta organización, fundada por Luigi Ciotti en 1996, logró la aprobación en Italia de una ley sobre la reutilización social de los bienes confiscados a la delincuencia organizada. Una ley que nunca se había visto antes, que se ha “exportado” en Europa, con la directiva 42 de 2014 y, ahora, también en América Latina. “El artículo en la Constitución de la Ciudad de México es el resultado de años de trabajo en el continente. Se inició en 2005 con la creación de ALAS – América Latina Alternativa Social, coordenada por Libera. Una red de organizaciones de la sociedad civil que operan en distintos sectores y son unidas bajo el objetivo común de prevenir y luchar contra la destrucción del tejido social afectado por la delincuencia organizada y la corrupción” – anota Baruzzo -. La colaboración está basada en el intercambio de “experiencias y saberes”. En este sentido, Libera ha promovido la “reutilización social”, un largo paso hacia adelante con relación a la simple incautación o decomiso, porque rompe, a nivel cultural y de la percepción pública, el tabú de la invencibilidad de las mafias. Sin embargo, no es fácil introducir este principio en América latina. Si por un lado figuras jurídicas como la incautación, el decomiso y la extinción de dominio de los bienes de los criminales son presentes en todos los ordenamientos nacionales; iniciando por la Colombia que en 1996 se dotó de la normativa 133. Por el otro, la disciplina de la reutilización social casi es ausente. “La ley guatemalteca de 2011 marcó un primer paso muy tímido en esta dirección – subraya Baruzzo -. En Argentina, diversamente, ha sido el trabajo realizado desde abajo por la Fundación Alameda, que lucha contra la trata y el trabajo esclavo, que propició la creación de cooperativas de productores textiles, que ocupan maquinarias incautadas a criminales”. Sin embargo, todavía se trata de casos aislados. “El obstáculo principal para la reutilización social es la ausencia de registros actualizados de los bienes sustraídos a la delincuencia organizada”. Esto favorece el retorno de los mismos a sus ilegítimos propietarios anteriores, mediante ventas piloteadas. “Solo el control de la sociedad civil puede reducir este riesgo”, concluye Baruzzo.
Fuente:Libera (Versión en Italiano)
