En un breve y algo sorpresivo comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), se declaró «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto».
Fue una promesa de la presidenta Xiomara Castro, quien durante su discurso inaugural prometió: «No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados».
El breve documento señaló que se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano.
Se incluyó que, a causa de la aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones.
Mientras que las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo. Todo esto en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE GENERA EL EXTRACTIVISMO
El extractivismo y la instalación de estos proyectos sin consultar a la población en general, así como la contaminación que generan en el territorio y los ríos, ha generado conflicto socioambiental y la criminalización de los defensores del territorio y de los ríos, como ocurrió con los ambientalistas de Guapinol quienes fueron sometidos a una detención y proceso ilegal por dos años y seis meses.
Los ocho defensores finalmente fueron liberados tras casi 30 meses en detención ilegal en centros penales; sin embargo, la empresa responsable de su criminalización, Grupo EMCO Holding, continuó sus trabajos en el Parque Nacional Carlos Escaleras a través de sus subsidiarias Inversiones Los Pinares, con dos proyectos mineros a cielo abierto en la zona, y Ecotek con la construcción de la «primera planta peletizadora de óxido de hierro de Centroamérica».
Otro caso de conflicto socioambiental, con repercusiones en derechos humanos, es la concesión minera en Azacualpa, municipio de La Unión, en el occidental departamento de Copán, que abarca un cementerio Maya Chortí con más de doscientos años de antigüedad.
Pese a dos sentencias en firme por parte de la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la transnacional Aura Minerals, en contubernio con autoridades locales, continúan exhumando los restos de los ancestros de los habitantes de Azacualpa, pese a su oposición.
Durante la visita de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval, a la comunidad de Azacualpa, uno de los habitantes expresó el dolor que carga por desconocer dónde fueron sepultados su hija, su hijo y padre, luego de que sus restos fueron exhumados del camposanto de San Andrés.
«Mi hija tenía doce años cuando falleció de una deficiencia valvular del corazón y hoy no sé dónde está. ¿Quiénes autorizan estas atrocidades?», preguntó tanto a Roque Sandoval como al resto de funcionarios que le acompañaban en la visita.
El número de concesiones mineras en Honduras asciende a al menos 372. Estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro. Lo que significa que de los 18 departamentos que conforman Honduras, 16 cuentan con concesiones mineras. En 2018 eran un total de 302 concesiones mineras.
Empresas mineras deben pagar crímenes cometidos contra ambiente y defensores del territorio en Honduras
¡No hay justicia sin reparación! El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete de Estudios para la Dignidad calificó de trascendental la decisión de cancelar la aprobación de permisos de explotación extractivistas por ser lesivos contra el Estado y declarar a Honduras libre de minería a cielo abierto.
Ambas organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes legales de varias comunidades afectadas por el extractivismo en Honduras saludaron la decisión de la presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente).
Sin embargo, remarcaron que entienden esta decisión como una consecuencia de la lucha sostenida durante décadas por comunidades que han enfrentado el «abuso, corrupción, violencia e impunidad con la que han operado los mineros a la vista y paciencia de las autoridades y al evidente impacto ambiental que estas han generado en el territorio hondureño».
Durante la conferencia de prensa «Posicionamiento desde los movimientos territoriales sobre la declaratoria de Honduras ‘Libre de minería a cielo abierto’», el defensor del territorio e integrante del MADJ, Martín Fernández declaró que hoy aplauden el anuncio de MiAmbiente pero también «debemos tener certeza que solo organizados y organizadas vamos a poder contribuir a establecer el Estado que nos merecemos y el Estado que queremos».
REPARACIONES POR CRÍMENES COMETIDOS POR MINERAS SON INNEGOCIABLES
En el comunicado de prensa plasmaron que consideran innegociable la reparación de crímenes y daños cometidos por empresas mineras, sean estos: corrupción, asesinatos, desplazamientos forzados, criminalización, delitos ambientales y forestales. Así como la devolución de lo saqueado y la garantía de no repetición de la corrupción y violaciones a derechos humanos.
Junto a esto, señalaron que el gobierno de la República debe asegurar que se emitan las resoluciones, decretos o normas -suficientemente fundamentadas en derecho- que aseguren el triunfo sobre cualquier demanda que presenten las empresas mineras instaladas en el país.
El abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, durante su participación afirmó: «Estamos en victoria popular. El gobierno está tomando el mandato popular de decantarse por los sectores populares de este país». Desde su cuenta en Twitter, publicó que las empresas mineras deben pagar por sus crímenes, devolver lo saqueado, reparar a todas las víctimas. Mientras que el Estado debe emitir resoluciones fundamentadas, que aseguren ganar las demandas que presentarán las mineras.
MINERAS NO SIGNIFICAN NI EL 1% DEL PIB EN HONDURAS
Recordaron que a partir de las experiencias encontradas en el trabajo que realizan a través del MADJ y del bufete Estudios para la Dignidad en los territorios de Azacualpa, Copán; en el pueblo Tolupán, en Yoro; en Sabá, Colón; o en el sector Florida de Atlántida; están convencidos que «el despegue económico de Honduras no está en manos de las empresas mineras, ni de ninguna otra de carácter extractivista, puesto que es más el daño social y ambiental que provocan que los ingresos económicos que aportan».
De hecho reportaron que «actualmente existen en Honduras alrededor de 217 concesiones mineras, 42 de ellas situadas en reservas naturales, pero que, en su conjunto, el beneficio económico que aportan no llega ni siquiera al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y apenas significa el 0.1% de los empleos totales».
Con esto dejaron claro que en términos de beneficios económicos estos son insignificantes en relación con el perjuicio humano, social y ambiental que han causado por lo que la decisión «ya tiempos» debió ser tomada por «cualquier gobierno respetuoso de su población y de la soberanía de su territorio».
COHEP MANTIENE SILENCIO ANTE DECLARATORIA
Criterio.hn quiso conocer el posicionamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante la declaratoria del territorio hondureño libre de minería a cielo abierto por parte del gobierno de Xiomara Castro; sin embargo, las llamadas a su equipo de comunicaciones no fueron respondidas.
Se conoció desde la cuenta en Twitter del Cohep y la de su presidente, Juan Carlos Sikaffy, que se encontraba en Estados Unidos reunido con la congresista Norma Torres, a quien «ratificamos nuestro apoyo al gobierno» de Xiomara Castro y «al fortalecimiento del estado de derecho a través de una Misión Anticorrupción».
En las imágenes compartidas desde la cuenta del Cohep, junto a la representante Torres, además de Sikaffy aparecen los empresarios Aline Flores, Mateo Yibrin y Heliu Castillo.
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) aplaudió la iniciativa estatal de declarar Honduras como un país libre de minería y la aprobación de la moratoria de proyectos mineros en el país. Además, expresaron que debe garantizarse «la buena diligencia de las empresas en la prevención y reparación del impacto en los derechos humanos y ambientales de las personas y las comunidades».
Fuente: Nodal
