El 6 y 7 marzo tuvo lugar el Foro sobre la guerra invisible que desde hace año sigue agravándose, provocando un número alarmante de desplazamientos forzados y desaparecidos cuyas familias piden justicias. Al foro participaron también referentes de Libera que hablaron sobre la re-utilización social de los bienes confiscados a las mafias.
Lea a continuación el artículo del HuffingtonPost sobre los temas tratados durante el evento.
Aprobar la Ley de Seguridad Interior es reconocer que en México hay una guerra interna: víctimas
Familiares de desaparecidos aseguran que la "guerra del narco" sólo detonó una crisis humanitaria en el país que a la fecha suma más de 30 mil desaparecidos.
La crisis humanitaria de muertos y desaparecidos en México evidencia la existencia de una guerra interna en el país, consideran familiares de las víctimas de la llamada "guerra contra el narco". Un contexto que, lejos de resolverse, podría recrudecerse con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se discute actualmente en el Congreso.
Así lo señalaron familiares de víctimas provenientes de diversas entidades del país, quienes participan en organizaciones civiles como la Red Retoños y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, durante un foro realizado en el Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
Yolanda Morán, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y quien busca a su hijo desaparecido presuntamente a manos de militares, asegura que México vive una guerra interna provocada por la militarización del país que desde 2006 no ha logrado reducir la inseguridad, sino todo lo contrario: detonar una crisis humanitaria con miles de muertos y desaparecidos.
"Entre más militares vemos en la calle, más se ve el fracaso del ejército en tareas de seguridad interior, sus acciones no han contenido la violencia ni restablecido el orden público", aseguró Morán.
Se han multiplicado las quejas por violaciones a derechos humanos por parte de la Sedena y Marina. Ante el mundo, México es un país en paz, pero con una guerra interna, con miles de muertos y desparecidos, muchos más de los que un país en guerra ha tenido".
Yolanda Morán, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
"Al sacar al ejército a las calles sólo han demostrado que no están capacitados para brindar seguridad pública. Sólo saben matar o desaparecer gente", agregó Morán, quien considera que "Calderón nunca tuvo una estrategia de guerra, menos pensó en lo que llamó daños colaterales. Él es el principal responsable".
Una opinión que comparte Araceli Salcedo, madre que desde 2012 busca a su hija de 21 años desaparecida en Orizaba, víctima de Los Zetas "en complicidad con el gobierno de Veracruz". Asegura que en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto, sólo se ha topado con un "Estado fallido" donde las instituciones y corporaciones de seguridad no cumplen con su propósito.
"Todo este despliegue de personal no ha dado ningún fruto, la ola de violencia sigue aumentando en Veracruz, simplemente en un solo día tuve seis llamadas de familias que estaban pasando por un secuestro o la desaparición de un familiar, que se animaron a pedir auxilio", relató.
Y en este sentido, considera que aprobar la Ley de Seguridad Interior que se discute actualmente en el Congreso sólo sería reconocer que México padece una guerra interna.
"Se habla mucho de una ley de seguridad interior, la cual es absurda, ésta no es la solución, los militares deben regresar a sus cuarteles porque autorizar esta ley de la que se habla y se gesta en la Cámara de senadores, estarán reconociendo que tenemos una guerra interna", indicó.
Una crisis que también enfrentan madres de policías desaparecidos. Tal es el caso de Patricia Manzanares, cuyo hijo de 22 años desapareció cuando formaba parte de la Policía Federal.
"La Policía Federal se espera tres días y los da de baja por abandono de trabajo, a eso nos enfrentamos las familias de los policías, los dan como desertores", acusó. "Está podrido el sistema", agregó.
MÁS DE 30 MIL DESAPARECIDOS
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) señalan que, hasta marzo de 2017, en México existen 30 mil 942 casos registrados. Un aumento de 18.4% en poco más de 2 años, respecto a las 26 mil 128 personas desaparecidas que existían en diciembre de 2015. Cifras que hablan de la magnitud de la crisis.
Sin embargo, los datos oficiales no son del todo precisos.
"Lo que se tiene son aproximaciones que han hecho organizaciones de la sociedad civil sobre sus desaparecidos, pero no hay información confiable del número de desaparecidos a nivel nacional", señala Jorge Javier Romero, investigador del CIDE.
"El tema de los datos duros frente a la guerra contra el narcotráfico me parece que es parte de la falta de capacidades institucionales y de un Estado completamente poroso e infiltrado, en donde el nivel de infiltración no permite con certeza saber cuántos homicidios o cuántas personas desaparecidas o cuántos desplazados hay", apunta el investigador.
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Y mientras las víctimas y académicos consideran que legalizar la militarización del país en un contexto de corrupción e impunidad generalizada sólo agudizará la crisis de derechos humanos que vive México, el gobierno federal sigue insistiendo en la necesidad de construir un marco legal para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública como ha ocurrido desde 2006.
"Quiero decirles a todos los que son detractores de nuestras fuerzas armadas, que nadie está buscando un marco legal para militarizar al país", comentó ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante una gira de trabajo en Acapulco, Guerrero.
"Es una Ley de Seguridad Interior para que nuestros soldados, nuestros marinos, sepan que están en el amparo de la ley todas las actividades que hacen para protegerles, y no que hoy no hay un respaldo que les proteja a los ciudadanos y que por supuesto proteja la actividad que están realizando ellas y ellos, los que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas", dijo.
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