Desde el lunes, 13 de abril de 2022 , inició en Ecuador un ciclo de protestas convocadas por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), la FENOCIN (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), FEINE (Federación de Organizaciones de los indígenas evangélicos en Ecuador) y otras organizaciones sindicales y movimientos sociales como el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y movimientos feministas, campesinos, grupos ambientalistas, entre otros.
La movilización está motivada por la exacerbación de la pobreza y desigualdades en la población (realidad resultante de las decisiones políticas y económicas que han derivado en el encarecimiento de la vida, la especulación de precios en la canasta básica, la precarización laboral y el desempleo), la disminución de presupuesto general del Estado y la reducción de políticas sociales de igualdad social, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la imposición agresiva de actividades extractivas (minería y petróleo), la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y general, por la falta de garantías ante el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de la población.1
De acuerdo al reporte de la CONAIE, en el marco de la movilización el primer día de movilizaciones se generaron 16 paralizaciones.2 Desde la sociedad civil, registramos varios incidentes por el uso abusivo de la fuerza policial hacia personas que hacían uso de su derecho a la protesta social. Hubo ataque a personas mayores y lanzamiento de gas en la Comuna Ancestral la Toglla y un ataque con gas e intento de detención a estudiantes del colegio Mejía en el Distrito Metropolitano de Quito, amedrentamientos y amenazas a personas defensores de la provincia de Santa Elena, Guayas, y en la noche se lanzó gas indiscriminadamente a manifestantes y personas que transitaban por el centro histórico, incluso hubo un joven que recibió un disparo por parte de la Policía Nacional.3
En esta madrugada, en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador recibimos la denuncia de que hoy, 14 de junio de 2022, a las 00:30 aproximadamente, agentes no identificados presumiblemente de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional detuvieron de forma ilegítima y arbitraria en la provincia de Cotopaxi, a Segundo Leonidas Iza Salazar, de nacionalidad Kichwa Panzaleo y actual presidente de la CONAIE. No se tuvo conocimiento de su paradero por varias horas.
La detención, según vídeos grabados por la ciudadanía y difundidos por redes sociales4, fue llevada a cabo mediante uso ilegítimo y abusivo de la fuerza y sin informar las razones de la detención. De acuerdo a quienes le acompañaban, Leonidas Iza fue traslado a un vehículo marca Chevrolet de color blanco, tipo camioneta de doble cabina de placas PTR-3246. Este vehículo no contaba con ningún distintivo de uso oficial, evidenciando que los medios utilizados para su detención y traslado son ilegales. Adicionalmente, alertamos que las placas no están registradas tras varias consultas realizadas en el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito. Al ser aprehendido, Leonidas Iza fue trasladado hacia las inmediaciones de la Comisaría de Pastocalle en la Provincia de Cotopaxi “por presunción de comisión de delitos”, sin que hasta el momento y desde su detención se haya informado de cuáles serían las razones de su detención, y se le mantuvo incomunicado. Actualmente, la Unidad de Flagrancia, en Quito, se encuentra militarizada por disposición del Ejecutivo.5
Así mismo, recibimos la denuncia que a las 04:00 am, se realizaron las detenciones arbitrarias de CristoferAlejandro Quilumba Farinango; Alex David Simbaña Tupiza, Javier Armando Gomez Tituaña, Javier Mauricio Quilumba Farinango, miembros de la Comuna San Miguel del Común, base organizativa del pueblo Kitu Kara, ubicado en la parroquia de Calderón, en la ciudad de Quito. Dos de los detenidos se encontraban de camino a sus actividades laborales y los otros dos en actividades sociales, y tampoco se les informó de las razones de su detención. Se desconoce en el momento actual su situación y lugar donde se encuentran detenidos, además de mantenerlos incomunicados.
Estos acontecimientos parecen corresponder, y esto agrava nuestra preocupación. Principalmente, a las declaraciones de varios funcionarios del Estado, encabezadas por el Presidente Guillermo Lasso, quién anunció la madrugada de este 14 de junio via Twitter,6 que iniciará detenciones a todos los autores materiales e intelectuales de las movilizaciones indígenas y sociales, catalogando a los manifestantes como “vándalos”. Así mismo, en días anteriores, ante la convocatoria de las manifestaciones a nivel nacional, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se pronunció públicamente con declaraciones estigmatizantes contra la protesta social, señalando que las movilizaciones son un mecanismo para disfrazar actos vandálicos como lucha social.7 Por tanto, es evidente que la narrativa de estigmatización a defensores y contra el derecho legítimo a la protesta social estaba anticipada por la actual administración.
Por las circunstancias y formas inconstitucionales en que se produjeron las detenciones del representante del movimiento indígena en Ecuador, Leonidas Iza, y las cuatro personas indígenas de la Comuna San Miguel del Común, (que desconocen absolutamente, además, sus derechos colectivos) tememos por su integridad física y psicológica, debido a que hay incumplimiento de sus derechos fundamentales al no ser informados de las razones de su detención ni de los derechos que les asisten; al no ser comunicados y gozar de una defensa adecuada y oportuna y al no ser llevados inmediatamente ante una autoridad competente. Además, se estaría ante una grave evidenciación de intento de persecución y criminalización estatal a la protesta social y de una voluntad del Gobierno ecuatoriano de dividir y radicalizar posiciones en la sociedad nacional.
Cabe señalar que Ecuador reconoce constitucionalmente varios derechos y garantías relevantes en contextos de protestas sociales, como son los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la resistencia, al debido proceso y a la tutela efectiva de los derechos. De igual forma, reconoce que los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos son obligatorios y de directa e inmediata aplicación por parte de cualquier autoridad pública.
Además, subrayamos que el 14 de enero del 2020, el Estado ecuatoriano ya recibió varias recomendaciones por parte de la CIDH respecto al incumplimiento de estándares de respeto y protección de derechos en protestas sociales. A través de un comunicado en el que publicó su informe,8 la CIDH expresó preocupación y recomendó al Ecuador: respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población; asegurar que los operativos de seguridad ante manifestaciones se ejecuten conforme estándares internacionales relativos al uso de la fuerza; garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión; adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección; estigmatizaciones y propiciar un ambiente de diálogo con todos los sectores de la sociedad; y abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen, criminalicen o generen un ambiente de intimidación hacia líderes y lideresas indígenas; fortalecer medidas para investigar, juzgar y sancionar a responsables de vulneraciones en las protestas.
Ante estos acontecimientos, desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, hacemos un llamado urgente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y alertamos a los Procedimientos Especiales del Sistema Universal y al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de que en Ecuador están en riesgo la garantía de los derechos de la población, particularmente los derechos a la protesta social, a la resistencia, libertad de expresión, reunión pacífica, participación política; y también a la libertad individual e integridad personal.
Por tanto, solicitamos al Sistema Universal, Interamericano y a la comunidad internacional y de forma urgente al Estado ecuatoriano información sobre la situación actual de los detenidos. Pedimos que se garantice su integridad física y psicológica, además del debido proceso y el respeto a sus derechos colectivos. Así mismo, solicitamos que de forma urgente se haga un llamado y se interpongan sus buenos oficios ante las autoridades ecuatorianas para que respeten y garanticen el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, asegurando el respeto y protección los derechos fundamentales de la población en el marco de las movilizaciones, y que se abstenga de reprimir, estigmatizar, perseguir y criminalizar a la ciudadanía, especialmente a las personas participantes de dichos actos de protesta social y defensoras de derechos humanos, colectivos y de la Naturaleza.
