Desaparición forzada: urge competencia de ONU

Según datos oficiales, en el país hay al menos 30,942 personas desaparecidas, de las cuales no sabemos quiénes son los responsables de las mismas o cuál es el nivel de participación de servidores públicos, estatales, federales o municipales.

México se ha convertido en uno de los países del mundo con el mayor número de casos de desapariciones forzadas de personas no esclarecidos. Se desconocen las circunstancias de cada incidente de desaparición, así como el nivel de participación y número de funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno involucrados en esos abominables delitos.

Ese desconocimiento de lo sucedido se debe, entre otras razones, a que ninguna institución de procuración e impartición de justicia en décadas ha querido cumplir cabalmente con sus obligaciones constitucionales de esclarecer la verdad en torno a los hechos, así como de investigar, procesar y sancionar a los responsables.

Sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la llamada Guerra Sucia en los años sesenta, setenta y principios de los ochenta, fue gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al resolver un caso individual, se pudo constatar que las Fuerzas Armadas mexicanas desaparecieron a un reconocido campesino, líder comunitario y compositor de corridos, Don Rosendo Radilla Pacheco, en agosto de 1974. Además, gracias a la sentencia, se evidenció que en el contexto de la política de seguridad nacional de la época, tan sólo en el estado de Guerrero fueron desaparecidas cientos de personas por el Ejército Mexicano.

El fallo se emitió por el órgano internacional, independiente y plural, en noviembre de 2009, tras haberse desahogado un procedimiento de carácter adversarial entre el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con participación de los representantes de las víctimas. Se trata de un mecanismo muy recurrido por las víctimas y organizaciones de derechos humanos de América Latina, por lo que se ha saturado. El caso Radilla Pacheco tardó más de 9 años en resolverse.

Desgraciadamente esa sentencia no puso fin ni a la impunidad de la desaparición forzada, ni tampoco impidió que ese delito continuara cometiéndose. Por el contrario, en los últimos años se ha hecho patente que el problema de las desapariciones forzadas de personas en México, no es un asunto del pasado, ni exclusivo de la época de la Guerra Sucia, ni se limita sólo al estado de Guerrero.

El punto de partida para el surgimiento de una nueva época de violencia y de violaciones graves de derechos humanos en México (calificables como crímenes de lesa humanidad) se desata en diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió hacer frente militarmente al narcotráfico, y puso en marcha una política de seguridad, que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha continuado.

Esa política se ha caracterizado por la aplicación de normas y estrategias, por diferentes instituciones involucradas en la política de seguridad, contrarias a los derechos humanos, como por ejemplo a la presunción de inocencia, a la libertad, integridad y seguridad personales, al derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y a la adecuada impartición de justicia. Enunciamos como ejemplos el arraigo penal; la prisión preventiva oficiosa; las intervenciones telefónicas y allanamientos de domicilios sin orden judicial; las detenciones arbitrarias; las torturas, y las ejecuciones extrajudiciales. Para esos propósitos y para confrontar a las organizaciones criminales mediante el uso de la fuerza letal se han desplegado decenas de miles de efectivos militares y marinos en diversas regiones del país y se han nombrado como directores de instituciones de policía civil municipal o estatal, a integrantes de las Fuerzas Armadas en retiro o licencia.

A ello se debe adicionar la falta de voluntad y de capacidad de las procurarías y fiscalías del país para llevar a juicio, de manera oportuna y diligente, a quienes comenten los delitos que más agravian a la sociedad. La tolerancia por los superiores jerárquicos de los abusos cometidos por sus subordinados, aunada a la ausencia de procesos y castigos penales, se transformó en una licencia para cometer delitos graves contra la población civil por parte de funcionarios públicos y por la delincuencia. Ello trajo como resultado una escalada en la comisión del delito de desaparición forzada de personas por diferentes actores (autoridades, organizaciones criminales y particulares, o una mezcla de ellos).

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en el país hay al menos 30 mil 942 personas desaparecidas. Dicho Registro integra la información derivada de denuncias ciudadanas ante las procuradurías y fiscalías de todo el país respecto de delitos que presumiblemente fueron cometidos desde diciembre de 2006 a la fecha. Sin embargo, se desconoce la cifra real de desapariciones en México. El propio Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH) elaborado por el Gobierno Federal en turno, reconoce que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había registrado 42,300 personas desaparecidas, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012.[1]

Si bien se cuenta con una cifra alarmante de desapariciones cometidas en el país, desconocemos la verdad del contexto en el que se han cometido, quiénes son los responsables de las mismas o cuál es el nivel de participación de servidores públicos, estatales, federales o municipales. Las autoridades nacionales encargadas de esclarecer los hechos, nuevamente, han incumplido con sus obligaciones constitucionales de investigar, procesar, castigar a los responsables y por supuesto de reparar integralmente a las víctimas. Por ejemplo, tan solo a nivel federal, la Procuraduría General de la República ha reportado un total de 609 averiguaciones previas (investigaciones) iniciadas en el fuero federal por el delito de desaparición forzada entre diciembre 2006 y 31 de diciembre de 2016, de las cuales solamente consiguió judicializar (consignar) 19 casos.[2] De acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial Federal, del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, se emitieron un total de 9 sentencias condenatorias y dos absolutorias sobre desaparición forzada.[3]

Por las cifras de denuncias y de sentencias emitidas, podemos afirmar que en México, a ese ritmo y con esa capacidad de respuesta institucional, de ninguna forma se podrán esclarecer todos los casos de desaparición forzada ni se podrá llegar a explicar a la sociedad la dimensión sobre el fenómeno en su conjunto. También está claro, como ya los señalamos, que las capacidades del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos están rebasadas para tramitar ese número de casos.

Al inicio de este artículo se evidenció la enorme utilidad del procedimiento de la Corte Interamericana para esclarecer casos individuales, por su carácter adversarial, internacional e independiente. La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CIDF) crea el Comité contra las Desapariciones Forzadas con el mandato de supervisar la aplicación esa Convención, mediante distintos procedimientos, entre los que se encuentra el de comunicaciones individuales. Se trata de una de las funciones más importantes de ese órgano, no sólo porque garantizaría el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad para conocer las circunstancias de la desaparición de una persona y el contexto en que sucedió, sino porque además abre la puerta para la reparación integral, incluyendo el que se investigue, se procese y se sancione a los responsables, independientemente que sean servidores públicos, particulares que actúan con autorización gubernamental o integrantes de las organizaciones criminales. Para que el Comité pueda contar con la capacidad para tramitar ese tipo de quejas individuales, los Estados deben manifestar su consentimiento de manera expresa.

Es muy importante mencionar que la discusión sobre el involucramiento de México a ese mecanismo convencional de protección de derechos humanos de Naciones Unidas lleva más de una década. México es parte de la CIDF desde el año 2008 y, en esas fechas, el Ejecutivo Federal no sometió a la aprobación del Senado esa atribución del Comité. Al día de hoy tampoco se han hecho esfuerzos relevantes para esos propósitos, aún cuando en 2014 la administración de Enrique Peña Nieto consideraba que para prevenir y hacer frente a uno de los problemas más señalados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, se tendría que otorgar al Comité esa autorización y se comprometió a “promover el reconocimiento del Comité contra las Desapariciones para recibir peticiones individuales”.[4] Este mismo Gobierno Federal asumió el compromiso de reconocer la competencia de dicho Comité ante el Consejo de Derechos Humanos en 2013. Lo anterior se hizo, al haber tomado nota y aceptado las recomendaciones consistentes en reconocer la competencia del Comité (hechas por Francia, España y Uruguay) en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal.[5]

Estamos convencidos en que la única forma en que el presidente Peña Nieto puede materializar esos compromisos asumidos es mediante el envío al Senado de la República del instrumento de reconocimiento de competencia del Comité para tramitar quejas o comunicaciones individuales. De ser aprobado por dicha Cámara, que confiamos que así sería, se abrirá una nueva posibilidad para que víctimas puedan buscar justicia y verdad en el ámbito internacional, toda vez que las instituciones mexicanas no han querido, ni podido, esclarecer los miles de casos de desaparición que se han cometido en la historia reciente de México.

El reconocimiento de la competencia del Comité para tramitar casos individuales será un gran paso para hacer frente a la impunidad de los delitos de desaparición forzada cometidos en los últimos años, pero no debe ser el único. México tendría además que instalar un mecanismo internacional para combatir la impunidad como el que opera de manera efectiva en Guatemala desde hace varios años, a la vez que tendría que cooperar con la Corte Penal Internacional para que lleve a juicio a los más altos responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad a partir de diciembre de 2006.

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Conoce la campaña “Defendamos hoy los derechos de las personas desaparecidas” del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos para el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas por parte de las autoridades Mexicanas. No dejes de ver los videos de familiares de víctimas, personas activistas, académicas y expertas en el tema se pronuncian por la necesidad de ese reconocimiento.

 

Para majores informaciones, leer el siguiente enlace.


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