Libera se suma a la alarma de la sociedad civil colombiana, ante la creciente amenaza de muerte contra el senador colombiano, defensor de los derechos humanos y de la familia de Iván Cepeda Castro, portavoz de la organización MOVICE - Movimiento de Victimas contra los Crimines del Estado.
Las amenazas y el acecho están poniendo en grave peligro la vida del senador Iván Cepeda, su familia, su abogado Reynaldo Villalba (miembro del Colectivo José Alvear Restrepo) y sus colaboradores, extendiéndose también contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes el pasado 3 de agosto ordenaron el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, en un juicio penal en el que Cepeda se presentó como parte ofendida. Nos hace pensar que estas presiones se han vuelto más frecuentes y violentas precisamente siguiendo la sentencia antes mencionada. Estamos convencidos de que se trata de acciones típicas mafiosas contra las que hemos estado luchando durante años como sociedad civil en Italia y en el extranjero.
Iván Cepeda, figura destacada por el papel crucial que ha asumido en la defensa de los derechos humanos y por su compromiso con el proceso de paz en Colombia, tiene un vínculo con Libera desde hace más de 10 años. Invitado a participar en iniciativas nacionales e internacionales en varias ocasiones, Cepeda fue uno de los primeros y principales impulsores del camino iniciado por Libera en Colombia y por la Red Alas.
Las posiciones tomadas por el gobierno de Colombia y Estados Unidos a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra de la decisión de la Corte Suprema, las más de 50 amenazas de muerte y las calumnias del expresidente contra el senador Cepeda a través de las redes sociales, son un fuerte indicio de la voluntad de crear las bases para un nuevo asesinato en el país. Por ello pedimos, como exponentes de una comunidad internacional vigilante, siempre comprometida con las víctimas y promotora del proceso de paz en Colombia, que se activen todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de Iván Cepeda, de su familiares y su equipo, así como la de los magistrados que dictaron sentencia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.
Resumen del caso
El 3 de agosto del 2020, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sin precedentes en Colombia, ordenando el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, como parte de un juicio por el crimen de corrupción de testigos y fraude procesal. Todo comenzó en el 2011 con la grabación del testimonio ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Monsalve, de hecho, menciona la implicación de Uribe y su hermano Santiago Uribe en la masacre de San Roque, Antioquia, así como en los crímenes en la finca Guacharacas de su propiedad, en la creación del bloque paramilitar conocido como "Metro", en asuntos relacionados con el narcotráfico y apoyo paramilitar durante sus elecciones presidenciales.
Las declaraciones de Monsalve fueron recogidas por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, provocando varias consecuencias para el testigo: un intento de envenenamiento, un intento de asesinato con arma de fuego y el exilio de su familia, hechos que llevó al Estado a reforzar las medidas de protección, también ante el hecho de que ya habían sido asesinados otros testigos en casos similares contra el expresidente Álvaro Uribe y su familia.
Uribe denunció en el 2012 sin éxito al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de manipular las declaraciones de los testigos en su contra. El tribunal, en cambio, encontró una realidad muy diferente: fue el expresidente Uribe quien había intentado manipular a los testigos, incluido Monsalve, para cambiar las versiones de los hechos surgidos y así poder iniciar una denuncia contra Cepeda. El 16 de febrero del 2018 se inició una investigación contra Uribe, en el cual intentó desesperadamente que los testigos se retractasen a través de diversos medios de coacción revelados por las investigaciones del periodista Daniel Coronell. Este incidente llevó luego a la Corte Suprema a iniciar el juicio el 24 de julio. El 3 de agosto del 2020, la sentencia del Tribunal Supremo ordenó el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe en un juicio penal en el que Cepeda se presentó como parte ofendida.
Tras la sentencia judicial el actual presidente del Estado colombiano Iván Duque Márquez, así como otros altos funcionarios públicos, se manifestaron en contra de la decisión de la Corte, exigiendo libertad para Uribe. También hubo presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para revocar la sentencia y calificar de "héroe" al expresidente, que además tiene en su contra decenas de juicios abiertos por graves violaciones a los derechos humanos en el país. Pocos días después de la sentencia, Uribe lanzó públicamente acusaciones, sin fundamentos, contra Cepeda y contra la Corte Suprema, alimentando un clima de tensión y violencia.
Traducción: Sumey Gin Dominguez
