Desde el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de pandemia en todo el planeta. Los gobiernos de todo el mundo corren a contrarreloj para garantizar la atención social, económica y fundamentalmente sanitaria de todos los seres humanos. Países con economías débiles y superpotencias económicas se hallan en el mismo estado de indefensión frente a un virus -el COVID 19- que no hace distinción de fronteras territoriales y de clase, pero que en relación a sus estructuras económicas las diferencias son notables. Los datos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los distintos organismos económicos supranacionales se encargaron de declarar hasta el hartazgo que las economías nacionales y sus ciudadanos están totalmente expuestos no solo al virus, sino al hambre, la pobreza y la desesperación. Sobre esto mismo fue el Papa Francisco quien en dos de sus ultimas homilías manifestó rezar “por la gente que en esta época de pandemia hace comercio con los necesitados. Se aprovechan de las necesidades de los demás y los venden: los mafiosos, los usureros y muchos otros” y “que se reduzca o incluso se condone la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres". Los mafiosos y usureros que Francisco en reiteradas oportunidades denunció son quienes mancillan todos los días los atributos que la sociedad le entregó al Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos que lo componen. Sobre los bienes de todas esos mafiosos y usureros se debe avanzar y ponerlos al servicio de los más humildes. Los pobres, los vulnerables, las mujeres sometidas a la violencia de género, la explotación sexual, los trabajadores esclavizados, los trabajadores de la salud, los enfermos, los empleados de comercio, los transportistas, los adultos mayores, los jóvenes y la sociedad en general deben ser los protegidos en esta pandemia que no solo hace referencia a un virus, sino también a la mafiosidad, el egoísmo y la avaricia. Los inmuebles decomisados, junto a los vehículos, las maquinarias y el dinero que se encuentran dentro de este marco jurídico se deben ponerse en manos del Estado y ser empleados activamente para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que pone en peligro la salud de la humanidad y que como dijo nuestro presidente Alberto Fernández, siempre es mucho más importante que la economía. Que el Estado logre reparar los daños a los que fue sometido mediante el mecanismo de las 3R y que ello sirva para hacerse de un elemento más en esta situación de crisis pero también de cambio y esperanza puede ser un punto de inflexión para un democracia fuerte pero permanentemente ataca por la concentración económica y la mafiosidad.
El fundamento de recuperar los bienes producto del delito no solo se debería apoyar en el supuesto y muy justificado reparo económico que las víctimas directas o indirectas de ellos merecen. También el Estado en sus diferentes representaciones ha visto menoscabada su integridad espiritual y económica ya que gran parte de los delitos considerados dentro de la categoría de criminalidad organizada ha sido amparados o contaron con la participación de funcionarios que representan al Estado.
La extinción del dominio tiene en primer lugar una fundamentación simbólica. El derecho penal se orienta sobre emitir sanciones y castigos para reparar el daño hacia la sociedad en conjunto; el delito no se comete contra una persona sino contra la sociedad en su conjunto y la sanción es en reparación de toda la sociedad. Esto hoy todavía se refuerza aún más con la implementación del nuevo código penal en donde se determinó como objetivo central del mismo “la resolución de conflictos”. El sentido de recuperar los bienes tiene más de simbólico que de económico en sí mismo. La idea de recuperar lo robado para venderlo y que el gobierno cuente con más dinero es similar al criterio de llenar de cámaras la ruta para recaudar y no para prevenir accidentes. Las cámaras en la ruta deben existir y deben servir para imponer sanciones, pero el sentido no es ese. El sentido de las leyes en mejorar la calidad institucional del Estado mismo y mejorar las condiciones materiales y simbólicas de todos los habitantes. La justicia y el gobierno pueden recuperar y utilizar todo eso, lamentablemente hasta el momento se recuperaron en la mayoría de las veces, cosas que solo sirven para hacer campañas de prensa. Como las cámaras deben servir para reducir la cantidad de accidentes de tránsito y no recaudar, la disposición geográfica de las cámaras debe ser algo planificado, científicamente establecido para hacer una óptima utilización de los recursos disponibles. Los organismo del Estado encargados de recuperar y proteger la integridad de los bienes secuestrados en relación a esta función se encuentran atomizados y descoordinados. La Corte Suprema, los juzgados federales, las fiscalías, los Ministerios de Justicia y organismos como Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entre otros, manejan información diferente y aplican criterios diversos para conservar el estado óptimo de los bienes y otros todavía más variados para reutilizarlos efectivamente. El artículo 23 del Código Penal permite a las autoridades judiciales decomisen los bienes de personas acusadas de diferentes tipos de delitos. A su vez, en el mismo Código pero en su artículo 233 se autoriza la entrega de los bienes decomisados a una persona física o jurídica para que haga uso del bien; claro que la entrega del mismo le conlleva obligaciones al destinatario: no desvirtuar el sentido por el cual se lo solicite al juez, como así también cuidar y mantener el valor del bien mientras la causa penal continua. Para todo ello también existe una suerte de contrafuego a la posible equivocación de incurrir sobre el derecho de inocencia y por lo tanto de la tutela sobre sus bienes y que tan efectivamente garantizan las leyes sobre la propiedad privada; en caso de que se debiera devolver los bienes al acusado y aquellos perdieron valor se podría hacer entrega de dinero por el valor del bien. Hoy el Gobierno sabe que cuenta con esta herramienta que es hasta bastante menos engorrosa que las propuestas en la ley y el escamoso decreto. El argumento de la presunción de inocencia y la garantía del derecho a la propiedad privada para no avanzar sobre el recuperó, la reutilización y la reparación (las 3R de la doctrina antimafia), que utilizan algunos sectores también es falso. Hoy la mayoría de los detenidos por cualquier tipo de causa sin sentencia, sean delitos de robos y hurtos como los delitos de la criminalidad organizada, si la persona resulta inocente no solo pierde un factor económico como pueden ser los bienes o su sustento diario, sino que también pierde días de libertad encerrados en lugares que no suelen ser colonias de vacaciones o centros recreativos. Los bienes que se tomaron de una persona que resultó ser inocente pueden ser reparados económicamente, el tiempo que una persona pasa encerrada injustamente no. La extinción del dominio no debe ser una mera recaudación de ingresos para un Estado bastante mal emplea en su dinero. Juzgados y fiscalías vacantes por todo el país, edificios viejos y deteriorados que dificultan el accionar del poder judicial, casas y locales comerciales alquilados para que funcionen como juzgados y/o fiscalías, autoridades del poder judicial de demostrada deshonestidad para ejercer el cargo que ocupan y cualquier otro en un país que supuestamente busca progresar.
