Resumen de la investigación de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril de 2018
La delegación de la CIDH estuvo encabezada por comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua y estará asistida entre otro por el mismo secretario ejecutivo del organismo, Pablo Abrao. Estuvo en el país del jueves 17 de mayo hasta el 21 de mayo.
Resumen de la investigación de la CIDH.
El objetivo de esta visita fue observar en el terreno de manera preliminar la situación de los derechos humanos en el país en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril de 2018 De acuerdo con información disponible, como antecedente de las protestas diversas fuentes mencionaron el incendio en la reserva natural de Indio-Maíz; y como catalizador de la situación el hecho de que el 16 de abril el gobierno publicara en el Diario Oficial una reforma a la seguridad social que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y que también estableció una detracción del 5% a los pensionados. Lo anterior, sumado a la dispersión de una manifestación de personas adultas mayores, produjo protestas generalizadas lideradas por grupos de estudiantes y jóvenes, así como también sectores de trabajadores, campesinos, ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y ciudadanos en general. Sin perjuicio de que cinco días después el gobierno retiró la reforma al sistema de seguridad social, las
protestas continuaron y se extendieron debido al descontento de amplios sectores de la sociedad con el gobierno actual. Posteriormente, la falta de reconocimiento y condena del gobierno en relación con la represión desatada también produjo una mayor indignación.
Cifras de la CIDH
Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
Los incidentes se registraron en la ciudad de Managua, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otros.
La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático. Según información recibida, el 18 de abril,) se suspendieron las transmisiones de Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. El canal 100%
Noticias estuvo 6 días sin transmisión, lo que le impidió sacar al aire programas percibidos como contrarios a los intereses del gobierno; y el 23 de abril, la edición digital del semanario Confidencial sufrió un bloqueo durante siete horas. El periodista Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras cubría los disturbios.
De acuerdo con centenares de testimonios, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales.
Uso desproporcionado de la fuerza
La documentación y los testimonios recogidos también permiten concluir que la Policía Nacional y la fuerza antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la policía tendría formación en el uso de los mismos.
La documentación y los testimonios recogidos también permiten concluir que la Policía Nacional y la fuerza antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la policía tendría formación en el uso de los mismos. Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales.
En el ámbito del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y en hospitales públicos, la CIDH identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes.
Preocupa a la Comisión, que decenas de víctimas, familiares y representantes expresaran profunda desconfianza en las instituciones encargadas de llevar a cabo la rendición de cuentas judicial por estos crímenes. Así como hay dudas sobre la eficacia acerca de la recientemente creada Comisión de la Verdad debido a la falta de participación de la sociedad civil y los familiares de las víctimas en creación y designación de sus miembros.
Los testimonios recibidos hacen concluir a la Comisión que estudiantes, personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. La especial vulnerabilidad de estos grupos exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.
La CIDH también tuvo conocimiento que la Asociación Médica Nicaragüense condenó, a través de un comunicado que varios hospitales de Nicaragua habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril pasado. En particular se recibió denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud.
Recomendaciones
1. Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.
2. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
3. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
4. Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
5. Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
6. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.
7. Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.
10.Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
11.Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
12.Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.
13.Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
14.Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.
15.Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.