Presentan pruebas ante Corte contra implicado en caso News Divine

Organizaciones sociales y familiares de las víctimas del News Divine presentaron un amicus curiae ante los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por medio del cual abundan sobre las pruebas que responsabilizan a Guillermo Zayas González, ex director del Programa de Mandos Únicos Policiales (UNIPOL) en la delegación Gustavo A. Madero, de la muerte de 12 personas.

A su salida de la corte, Armando Barrera, integrante de Cauce Ciudadano y abogado de los padres de las víctimas, explicó que Zayas González fue quien dio la orden para la ejecución del  fallido operativo, el cual no tenía “fundamentación, ni justificación por la autoridad”.

El amicus curiae es un mecanismo por el cual terceras personas coadyuvan con el tribunal en un litigio.

Barrera añadió que el despliegue del operativo respondió  “a una llamada que hizo Zayas González a gente de la delegación Gustavo A Madero para solicitar apoyo y efectuarlo con la supuesta visita de una verificación que no existía en ese momento contra la  discoteca”.

La medida, indicó Barrera “creemos que cobra gran relevancia en su responsabilidad. El es quien crea el estado de riesgo que a la postre lleva a la muerte de nueve personas adolescentes y jóvenes inocentes”.

El documento se suma a otros más presentados, entre los cuales está la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en busca de justicia para los padres que desde aquel 20 de junio del 2008 que perdieron a sus hijos exigen “justicia”.

“Este amicus curiae se refuerza, las miradas están basadas en un estandar jurídico internacional de derecho humanos, pero las apreciaciones son sobre el expediente que abunda en las pruebas que en su momento deberá tomar en cuenta la corte para resolver el caso de Zayas”, argumento el defensor jurídico.

Por su parte el director de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz, llamó a los ministros “a no dejar en estado de impunidad un hecho tan paradigmático para la Ciudad de México, situación que impediría a familiares de las victimas tener un efectivo acceso a la justicia a más de siete años de la tragedia”.

Fuente: La Jornada