Conmemoración 10 años del MOVICE
En julio del 2005, diferentes organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones sociales y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, ante la promulgación por parte del gobierno nefasto de Álvaro Uribe Vélez de la Ley 975 marco legal de su mentira de desmonte de las estructuras paramilitares; Ley que las victimas de Crímenes de Estado llamamos “Ley de la Impunidad”; nos reunimos en la primera asamblea de Victimas de Crímenes de Estado en Bogotá Colombia y conformamos el MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO, con el objetivo de reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado Colombiano sea por acción u omisión, en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública o fuerzas paraestatales o paramilitares que actuaron bajo el auspicio, respaldo y connivencia del Estado Colombiano en diversas zonas del país. También exigir de manera oportuna el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, las garantías de no repetición, y la recuperación de la memoria y dignidad de hombres y mujeres que le apostaron a construir una Colombia en paz y con justicia social.
Así el MOVICE ha adoptado una postura política clara, que surge de la exigencia al Estado colombiano de que reconozca su responsabilidad en crímenes cometidos contra el movimiento social y popular, que además obedecen a toda una estrategia social, política, económica e ideológica en favor de intereses particulares ligados a las clases dominantes, empresas transnacionales, corrupción mafiosa y discriminación social.
En honor a este decenio de luchas del Movice, el Capitulo Caldas ha realizado el día jueves 30 de julio del año que cursa, de 3 a 5 p.m. en la entrada del Palacio Nacional de Justicia de Manizales la galería de la memoria en recuperación de la dignidad de las víctimas y en solidaridad con las y los 13 integrantes del Congreso de los Pueblos privados arbitrariamente de su libertad en razón a montajes judiciales con pruebas y testigos falsos en los que podría denominar como una nueva estrategia del Estado Colombiano para socavar las bases de las organizaciones sociales.
